La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó penas de hasta 10 años de prisión contra los integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán. Los acusados, a cambio de sobornos, borraron y alteraron los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público.
El órgano acusador, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, expuso ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la red dedicada a la alteración de registros benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas, llegando incluso a borrar antecedentes de condenados a 30 años de prisión.
Los fiscales señalaron que los acusados también movieron dinero ilícito a través de familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios. Con pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales incorporadas al juicio, solicitaron imponer penas privativas de libertad y sanciones económicas conforme al grado de participación y a la gravedad de los hechos, que acreditan, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal de los acusados.
Condenas y multas
En este sentido, pidieron que Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño sean condenados a 10 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público.
Además de que este último sea inhabilitado para ocupar cargos de funciones públicas por un período de cinco años.
Respecto a Mártires Rosario Reyes, solicitó siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses suspendidos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP).
