Audiencia continúa mientras el Ministerio Público expone red de irregularidades en Edenorte y Edeeste
Santo Domingo. – Andrés Pacheco Valera, exjefe de seguridad de Edenorte, y Ramón Quezada Ortiz, antiguo miembro del equipo de seguridad de Edeeste, reconocieron este miércoles su responsabilidad en los hechos de corrupción que se les imputan dentro de la “Operación Lobo”, un caso que destapa presuntas prácticas ilícitas en el sector eléctrico dominicano.
Los dos acusados admitieron su participación durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción, celebrada en el Distrito Nacional ante el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Mientras tanto, el tribunal continúa evaluando los alegatos de los otros ocho implicados, en un proceso que se prolonga sin fecha concluyente.
Contexto del caso
El Ministerio Público acusa a los diez imputados de integrar una estructura organizada dedicada a corrupción administrativa, con presuntas irregularidades en contrataciones, desvío de recursos y posible colusión con proveedores en las empresas distribuidoras de energía. La investigación sugiere que las acciones de los involucrados habrían generado pérdidas millonarias al Estado.
Pacheco Valera y Quezada Ortiz, al admitir su culpabilidad, podrían optar por colaborar con la justicia para reducir sus condenas, aunque aún no se han revelado detalles sobre los acuerdos alcanzados.
El juez Sena deberá decidir si aplica prisión preventiva o otras medidas cautelares para los restantes acusados, cuyos defensores insisten en su inocencia.
Repercusiones y próximos pasos
Este caso se enmarca en los esfuerzos de las autoridades por combatir la corrupción en el sector energético, históricamente afectado por denuncias de malversación y opacidad. La “Operación Lobo” es una de las varias investigaciones impulsadas en los últimos meses, aunque analistas señalan que el avance judicial será clave para demostrar eficacia.
La próxima sesión podría definir el rumbo del proceso, mientras fiscales presentan pruebas como documentos, testimonios y registros financieros que vinculan a los imputados con los delitos.
