SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Al menos 20 estudiantes del Centro Educativo Ana Celeste Fernández, en la comunidad de La Guama, resultaron intoxicados este jueves por la aplicación de pesticidas en predios agrícolas próximos al plantel en pleno horario de docencia.
En audiovisuales que circularon en medios y redes sociales, se observan varias ambulancias llegar al centro educativo para asistir a los alumnos, quienes en su mayoría sufrieron desmayos y mareos.
Una madre que acudió a retirar a su hija relató que “el olor a veneno se siente mucho en el área y que se debe hacer algo al respecto”.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esa demarcación recordó que “este no es un hecho aislado, puesto es una práctica recurrente que afecta al estudiantado y personal docente y administrativo de los centros estudiantiles”.
“Cada año escolar, cientos de niños se ven afectados de manera recurrente por esta práctica agrícola, que expone de manera directa su salud y vulnera un derecho fundamental: recibir educación en un ambiente sano y seguro”, manifestó la ADP en un comunicado.
La organización también advirtió que “no van a permitir, bajo ninguna circunstancia, que hechos de esta naturaleza continúen agravando la salud de los estudiantes y con ello golpeando económicamente a las familias que ya cargan con múltiples dificultades”.
En ese mismo documento señalaron: “No queremos pensar que las autoridades gubernamentales estén esperando que ocurra una tragedia con la pérdida de una vida humana para luego aparecer con su acostumbrada actitud populista, intentando tomar medidas tardías con el propósito de exhibirse como ‘salvadores’ frente a la sociedad dominicana. La prevención no puede esperar; las medidas deben tomarse ahora, cuando aún es posible evitar consecuencias mayores”.
El gremio sostuvo que “son años los que llevan demandando que el tren gubernamental ponga el oído en el corazón de estas comunidades” y que aunque en ocasiones se han emitido disposiciones para regular la aplicación de agroquímicos cerca de los centros escolares, “la realidad demuestra que no existe un régimen efectivo de consecuencias y si lo hubiera, no hay voluntad ni mecanismos claros para aplicarlo”.
Finalmente, el presidente de la ADP en la zona, Robert Frías, afirmó: “La salud y la vida de la niñez dominicana no pueden seguir supeditadas a intereses económicos ni a la negligencia de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes. Si de verdad se quiere hablar de compromiso con la educación, este debe comenzar garantizando entornos libres de riesgos, donde cada estudiante pueda aprender sin miedo, sin intoxicaciones y sin que su derecho más sagrado, el de vivir, se ponga en peligro”.
