Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal dominicano, un instrumento legal moderno que reemplaza la normativa vigente desde 1884 y que introduce cambios profundos para combatir la criminalidad, proteger a las víctimas y adaptar la justicia a los desafíos del siglo XXI.
Un salto histórico en la legislación penal
Tras décadas de debates y esfuerzos fallidos, el nuevo código fue aprobado con consenso de los principales partidos políticos, marcando el fin de 141 años de una legislación obsoleta. Esta reforma se enfoca en tres pilares:
- Mayor rigor punitivo contra el crimen organizado y delitos de alto impacto social.
- Protección reforzada para víctimas y grupos vulnerables.
- Enfoque preventivo y de reinserción, con medidas sociojudiciales innovadoras.
Principales avances del nuevo Código Penal
- Nuevos delitos tipificados:
- Feminicidio, sicariato, ciberacoso (cyberbullying) y deepfakes con fines de extorsión.
- Violencia económica, estafas piramidales e intermediación financiera ilegal.
- Delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada.
- Autosecuestro, dopaje deportivo y obstrucción a la justicia.
- Penas más severas:
- Hasta 40 años de prisión (extensibles a 60 en casos de múltiples delitos graves).
- Penalización de la violación conyugal con sanciones equiparables a otras agresiones sexuales.
- Protección a víctimas:
- Órdenes de protección más robustas en casos de violencia de género o intrafamiliar.
- Plazo de prescripción extendido a 30 años para delitos sexuales contra menores.
- Combate a la corrupción:
- Sanciones más duras e inhabilitación permanente para funcionarios corruptos.
- Ampliación de plazos de prescripción.
- Innovaciones judiciales:
- Responsabilidad penal para empresas por negligencia o actos ilícitos de sus representantes.
- Registro de agresores sexuales y programas de reeducación para reinserción.
Un código con visión de futuro
El texto no solo persigue castigar, sino también prevenir el delito y promover la reinserción social, bajo el principio de que la seguridad es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad.
Vigencia: El código entrará en vigor en 12 meses, dando tiempo a su implementación progresiva.
