La Vega, RD. – El subdirector y seis agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito de La Vega fueron enviados a prisión por un año como medida de coerción, acusados de torturar a varios privados de libertad y de ser responsables de la muerte de uno de ellos a causa de los golpes. La decisión fue tomada este viernes por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.
Acusados y cargos
Los imputados son:
José Luis Agramonte, subdirector del CCR El Pinito.
Julio Alcibíades Montás Pérez, agente VTP.
Robert De La Rosa, agente VTP.
Joheny de Mora Moreta, agente VTP.
José Benjamín Jerez Pérez, agente VTP.
Ariel Meregildo, agente VTP.
Santo Beltré Reyes, agente VTP.
Todos ellos, de 31 años de edad, enfrentan cargos por maltrato, agresión física, uso excesivo de la fuerza, tortura y barbarie contra los privados de libertad del centro penitenciario. Además, se les responsabiliza de la muerte del interno Wilgens Nicolás Vargas, ocurrida el 1 de septiembre de 2023, a causa de los golpes recibidos.
Caso Antídoto II: Investigación y pruebas
El caso, denominado Antídoto II, fue declarado complejo por la jueza Adaías Sánchez. La Procuraduría General de la República informó que se presentaron suficientes evidencias para justificar la medida de coerción, incluyendo pruebas documentales, periciales, materiales, ilustrativas y testimoniales.
“El Ministerio Público aportó suficientes evidencias que fueron valoradas por el tribunal para disponer el envío a prisión de los imputados”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Denuncia y origen del caso
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública el 30 de agosto de 2024. La denuncia alertaba sobre hechos de extrema gravedad en el CCR El Pinito, incluyendo torturas y malos tratos sistemáticos contra los internos.
Durante las pesquisas, se determinó que el interno Wilgens Nicolás Vargas falleció como consecuencia de las agresiones sufridas en el centro penitenciario. Este hecho fue clave para que el caso tomara mayor relevancia y se intensificaran las investigaciones.
Medida de coerción y próximos pasos
La jueza Adaías Sánchez ordenó la prisión preventiva por un año para los siete acusados, mientras se continúa con la investigación y se prepara el proceso judicial. Esta medida busca garantizar que los imputados no evadan la justicia y que se mantenga la integridad de las pruebas.
Implicaciones del caso
El caso Antídoto II ha puesto en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en algunos centros penitenciarios del país. Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han exigido una reforma profunda del sistema penitenciario para evitar que hechos como estos se repitan.
