Crisis habitacional se agrava en Cuba: 185,348 inmuebles en riesgo en la capital
La Habana, [fecha actual].- Tres personas, incluida una menor de siete años, perdieron la vida tras el colapso de un edificio en el municipio de La Habana Vieja durante la madrugada de este sábado. Según reportes oficiales, las víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros antes de que equipos de rescate pudieran auxiliarlas.
Contexto de la tragedia:
El incidente evidencia la crítica situación habitacional en Cuba, donde:
185,348 inmuebles en La Habana presentan deterioro (datos oficiales).
46,158 estructuras requieren reconstrucción total.
83,878 viviendas necesitan reparaciones parciales urgentes.
Factores detrás de la crisis:
Precariedad estructural: El 37% de las 3.9 millones de viviendas del país están en estado regular o malo.
Déficit histórico: Cuba requiere 856,500 casas adicionales (+20% del parque actual).
Fenómenos climáticos: Las recientes lluvias intensas aceleran el deterioro de edificaciones vulnerables.
Falta de mantenimiento: Escasez crónica de materiales de construcción y recursos económicos.
Respuesta gubernamental y críticas:
En 2018, el gobierno anunció un plan decenal para resolver el déficit, pero economistas señalan:
Prioridad en construcción hotelera (69 nuevos hoteles desde 2019) sobre viviendas sociales.
Inversión pública insuficiente: solo 2,922 viviendas construidas en 2023 según medios oficiales.
44,000 familias permanecen en albergues tras derrumbes anteriores.
Impacto humano:
La Habana (2.1 millones de habitantes) concentra el problema:
11,458 familias necesitan vivienda por crecimiento poblacional.
43,854 damnificados esperan reubicación tras pérdidas anteriores.
Crisis multidimensional:
Expertos vinculan el problema a:
Sanciones económicas internacionales.
Modelo de gestión centralizada de construcciones.
Éxodo de mano de obra calificada (58% de déficit en sector construcción).
Lo que sigue:
Las autoridades municipales anunciaron una investigación técnica sobre el derrumbe, mientras organizaciones vecinales exigen auditorías independientes para evaluar el riesgo en zonas vulnerables.
